Regresó la niña Maikelys: Maduro y USA dan versiones distintas 🤔

Jueves 15 de mayo de 2025

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[Relleno]

Abracadabra, práctica macabra

Regresó Maikelys Espinoza, la niña de 2 años a la que habían separado en Estados Unidos de su madre deportada. Las versiones del régimen y las autoridades de USA difieren: Maduro, que recibió a la muchachita en Miraflores con juguetes y demás, agradeció a Donald Trump y Richard Grenell (enviado especial de la Casa Blanca) por unas supuestas «gestiones». En los medios oficiales hablan de «rescate» (sic). El Departamento de Seguridad Nacional (EEUU) dijo que solo respetó una orden judicial, negó el supuesto «rescate» y reiteró que sus padres son supuestos delincuentes vinculados al Tren de Aragua. El papá de la niña sigue preso en El Salvador. Por cierto, Matt Gaetz, un político cercano a Trump y que también se identifica como «periodista», logró acceder a la megacárcel de Bukele y divulgó un video de los venezolanos detenidos allí… Nuevamente para criminalizarlos, sin que haya habido un juicio previo.

🛬 Maikelys Espinoza no llegó sola: el vuelo de deportación que vino de Texas a Maiquetía trajo un total de 226 venezolanos, entre ellos 37 mujeres y 7 niños. Esta es la base de datos que llevamos sobre las repatriaciones por vía aérea: nuestra cuenta va por 4.386 personas (535 menores de edad), pero puede haber inconsistencias en los reportes que ha ido dando el régimen desde los primeros aterrizajes en febrero (el ministro del mazo ayer informó que son 4.157 los retornados).

🚨 Créelo o no: mientras el gobierno hace una fiesta, otra persona con un nombre casi igual al de Maikelys está en las noticias, y por motivos muy distintos. Maykelis Borges (26 años) es presa política de la Dgcim desde enero y tiene seis meses de gestación. Presuntamente es o fue pareja de un militar acusado de conspiración. Presenta riesgo de aborto por las condiciones en que está detenida, alerta la ONG Foro Penal.

Jesús Ángel y Juan Pablo Manrique, dos familiares de uno de los choferes de María Corina Machado, también están detenidos desde el 6 de mayo: lo denuncia Vente Venezuela. Al diseñador Raúl Amiel Hevia (42 años) se lo llevaron hombres armados en San Cristóbal el 5 de mayo: en este caso no se sabe si fueron cuerpos de seguridad o grupos irregulares (que en Venezuela actúan de manera parecida).

La ONG Provea reiteró que el abogado Eduardo Torres es un desaparecido forzado: no se sabe dónde está ni se ha comunicado con sus abogados y seres queridos, aunque Tarek William Saab haya revelado el «motivo» de su detención. Ayer, tanto la Misión de Determinación de la ONU como Amnistía Internacional condenaron la práctica de desaparecer gente en Venezuela, y no precisamente con varitas mágicas.

«El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no»: por si alguien tenía una duda, MCM llamó a la abstención en las elecciones legislativas y estadales. «Los que están hablando sobre actas y códigos QR son los que no creen en el proceso electoral»: al partido Copei bendecido por el TSJ no le preocupan las irregularidades denunciadas en el simulacro del pasado sábado. Periodistas esperan un 25-M con garantías «mínimas». Al politólogo Jesús Castellanos le preocupa la seguridad de los que se presenten como testigos electorales: el 28-J fue un antes y un después en este país.

Santos para Todos: la iglesia católica creó una campaña para acompañar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, cuya ceremonia oficial en el Vaticano aún espera por una fecha que designe el papa León XIV. La Copa Venezuela, el segundo torneo de fútbol más importante del país, arranca el 4 de junio. El béisbol nos hace llorar y también reír: el grandeliga criollo Orlando Cabrera se fracturó un tobillo, pero cada vez está más cerca el regreso de Ronald Acuña 🙏.

[Masa]

Si no es legal, al menos que no sea delito

Imagina una Venezuela donde la maternidad se elija y no se imponga: nuestro Código Penal castiga el aborto con penas de seis meses a dos años, salvo que esté en riesgo la vida de la madre. Sin embargo, a la hora de la chiquita, la decisión recae en terceros —en este caso, el médico— y no en las manos de quien pone el cuerpo. Si miramos hacia países como Argentina, México o la vecina Colombia, podríamos replicar ciertas iniciativas. Pero primero hay que dejar de usar el derecho penal como escudo. Conversamos al respecto con Selene Soto Rodríguez, abogada especialista en derechos humanos y género:

—¿Cuál es la diferencia entre despenalización y legalización del aborto?

—La despenalización se refiere a que el aborto deje de ser considerado un delito y regulado en los códigos penales. En países donde sigue siendo delito, y especialmente en los que no se admite ninguna excepción como en El Salvador o República Dominicana, o en el caso de Venezuela, que admite de manera muy limitada la excepción de peligro para la vida, se trata de normas de hace más de uno o dos siglos. La experiencia ha demostrado que el derecho penal no es adecuado para regular este tema, sino que debe abordarse desde el ámbito de la salud pública. 

La legalización tiene que ver con regular el acceso al aborto como lo que realmente es: un servicio de salud. Esto no significa «promover» ni que «aumenten» los abortos, sino que, como cualquier otro servicio de salud, su regulación se debe hacer desde las políticas públicas, con base en información científica, confiable y libre de estereotipos, lo que garantiza la prestación del servicio en condiciones de seguridad y de calidad. Cuando «sacamos» la conversación del derecho penal, podemos enfocarnos más ampliamente en la protección de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo servicios de salud como aborto, pero también en temas como la educación sexual integral, atención a la violencia sexual, entre otros, que quedan invisibles y no se abordan tampoco de manera adecuada por el estigma que produce la criminalización del aborto.

—¿Qué consecuencias tiene sobre las personas gestantes el enfoque punitivo del Estado frente al aborto?

—Los embarazos no deseados están relacionados con una gran variedad de razones que no están muchas veces en control de las mujeres y personas gestantes: la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, métodos de planificación familiar, pero también a situaciones de violencia, especialmente contra niñas y adolescentes. La criminalización del aborto no sólo impide enfocarse en acciones preventivas para reducir los embarazos no deseados, sino que también genera estigma y es una forma de discriminación que afecta desproporcionadamente a las mujeres, especialmente aquellas que ya enfrentan otras formas de exclusión.

Otra grave consecuencia es que que se criminalice a mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, que es algo totalmente distinto y por lo que deberían recibir la atención en salud que requieren. En República Dominicana ocurren casos como el de Esperancita, una adolescente que murió con apenas 16 años de edad, sin recibir el tratamiento médico que necesitaba para tratar un cáncer que le diagnosticaron porque también estaba embarazada. O los casos de Norma, Susana y Lucía, niñas víctimas de violencia sexual en Ecuador y Nicaragua, que no pudieron interrumpir embarazos producto de esa violencia y se enfrentaron a maternidades forzadas desde muy corta edad.

—¿Qué acciones debería tomar el Estado para prevenir la concepción no deseada?

—El tema del aborto debe verse en ese contexto de graves omisiones que son urgentes de atender, lo que incluye la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Esto quiere decir que la atención debe darse en términos amplios y de manera integral, y no asumiendo que el «problema del aborto» se «soluciona» con evitar embarazos no deseados solamente. Por supuesto, existen problemáticas específicas que están dentro de esas grandes deudas, como las altas tasas de embarazo adolescente y la violencia sexual. Pero lo cierto es que los embarazos no deseados siempre pueden ocurrir y el Estado tiene la obligación de dar una respuesta en derechos humanos frente a ello. Por eso, el primer paso urgente y necesario es sacar el aborto del código penal y regularlo dentro de todos los servicios de salud sexual y reproductiva.

—¿Qué le responderías a quienes dicen que el aborto no es prioridad frente a otras crisis del país?

—La pandemia, esa crisis de salud en la que todas y todos podemos reconocernos, es un claro ejemplo de que ninguna crisis es neutral al género: no dejamos de menstruar, de planificar ni de necesitar el acceso a servicios de salud materna o sufrir emergencias obstétricas. Las mujeres, niñas y adolescentes no solo no han dejado de tener experiencias de vida diferenciadas en medio de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, sino que la invisibilización, la falta de inclusión de estos temas en la agenda política, las graves omisiones del Estado venezolano, lo que ha hecho es exponerlas a situaciones más graves de desprotección y exclusión.

El aborto es y seguirá siendo una realidad. Así que garantizar la autonomía reproductiva es también una cuestión de Estado de derecho y democracia, porque si las mujeres no tenemos la posibilidad de decidir en nuestra esfera más íntima, entonces ¿cómo podemos ser parte en condiciones de igualdad de ese sistema democrático que queremos reconstruir?

[Concha]

Arenita, playita perdidas

Si algo han aprendido muchos incautos del volante es no confiar en las indicaciones de Google Maps. Lo sabe hasta el Ridery que tiene que saltar una pared para llegar a su destino. Pero una inocente influencer que viene de vacaciones, ¿qué va a saber? Angélica Cháves es una colombiana que intentaba dar la vuelta al mundo en moto, pasando por estos lares: quería ir a la playa de Boca de Uchire (Anzoátegui) y terminó perdida en un sector sin casas, abandonado, con un charco desolado y una construcción en la que si entraba con todo, salía sin nada. ¿Lo bueno? Que no se accidentó con ningún hueco, preguntó y salió tranquila. Bienvenida, y disculpa lo malo.

De poeta y loco, en Barquisimeto todos tendrán un poco (hasta el domingo) 🦋 

Arepita